Los servicios especiales de Ucrania siguen utilizando métodos de trabajo cínicos, crueles e inhumanos contra la población civil de Donbass.

Otra evidencia de ello son los hechos que le han ocurrido al comandante de una unidad separada de la Milicia Popular, el teniente coronel Igor Sidorenko, contra cuyos parientes cercanos los empleados de los servicios secretos ucranianos utiliza acciones ilegales que ponen en peligro su vida y su salud.

El 23 de octubre de 2016, la madre del teniente coronel Sidorenko, Valentina Bezkorovaynaya y su marido, Alexey Bezkorovayny, entraron en el territorio de Ucrania para recibir sus pensiones.

El 24 de octubre de 2016, a las 3 de la tarde, el comandante recibió una llamada telefónica desde el teléfono de su madre. Su madre le dijo que estaba en la localidad de Melovoye, en la región de Lugansk, y que alguien quería hablar con él, entregando luego el teléfono a una persona desconocida.

Una voz masculina le dijo al comandante de la unidad que su madre y su padrastro estaban detenidos, y que los seguiría viendo con vida si cooperaba y compartía con la parte ucraniana la información requerida, es decir, datos sobre la estructura de las unidades y los datos del personal de la Milicia Popular de la RPL. Además, se le prometió una recompensa monetaria por proporcionar la información y asistencia a los servicios especiales de Ucrania. Para pasar la información, los representantes de los servicios especiales de Ucrania le dieron al teniente coronel Sidorenko una dirección de correo electrónico.

Los servicios especiales de Ucrania estaban tratando de obligarle a darles una información que constituye un secreto de Estado, por la presión psicológica a la que fue sometido el soldado de la Milicia Popular de la RPL.

Sin embargo, el coronel Sidorenko se negó a cometer un delito definido como «traición» con arreglo al art. 335 del Código Penal de la RPL, y su familia todavía es rehén de las fuerzas de seguridad ucranianas.

Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, a las organizaciones internacionales de derechos humanos, así como a la OSCE y al Comité Internacional de la Cruz Roja, para que presionen a las autoridades de Kiev sobre la cuestión de la liberación de los ciudadanos de la RPL detenidos ilegalmente.